Josue_economist

La divulgación reciente por parte de las autoridades cubanas cerca de finalizar el año 2025 es, ni más ni menos, que una supuesta formalización académica, teórica y práctica de un modelo o sistema de planificación que han estado esbozando a lo largo del año. El nuevo camino a seguir, trazado por las autoridades económicas del país, pretende solucionar los problemas que golpean al pueblo de Cuba. Estamos hablando, nada más y nada menos, que del programa bautizado como el «Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía». Este eslogan, tan utilizado mediante la publicación del reciente programa, nos muestra de manera formal cuáles son los caminos por los cuales pretende el alto mando político y económico del país transitar hacia la senda del crecimiento económico y el mejoramiento del bienestar social de la ciudadanía.

En líneas generales, nos encontramos con un programa que cuenta con 10 objetivos generales, 106 objetivos específicos, 327 acciones y 257 metas e indicadores. Es decir, estamos ante un proyecto retador que pretende dar respuesta a problemas macroeconómicos, productivos y de gestión que llevan años siendo fenómenos sin abordar desde ningún punto de vista certero. La lectura del programa publicado debe señalarse, desde mi punto de vista y el de otros colegas expertos, que es excesivamente e innecesariamente disperso, con imprecisiones y falto de profundidad, pese a sus 92 páginas. Tiene metas poco creíbles y numerosas incongruencias, además de respuestas teóricas que han de ser explicadas si verdaderamente se pretende convencer de que este panfleto refleja en su contenido el éxito futuro de Cuba en materia económica. El documento se lee, en términos generales, como una colección de elementos sectoriales en total disonancia con lo que debería ser un plan conjunto y conjugado, reflejando el sentido de concatenación que tiene la economía. No existe una medición o proceso de interacción entre el conjunto de las políticas, y todo se observa de manera fraccionada, como si cada ministerio hubiese enganchado una serie de problemáticas a solucionar de manera aislada.

En este artículo, nos dedicaremos al primero de los objetivos generales, el cual es uno de los temas más debatidos por este servidor y uno de los temas que más apasionados e interesantes me resultan en el contexto cubano. Este primer objetivo general es la implantación del programa de estabilización macroeconómica, que es sin duda uno de los temas más pronunciados por las autoridades cubanas, aunque sin haber sido configurado a nivel sistemático hasta el día de la publicación de este programa.

Los esfuerzos de las autoridades cubanas en esta acción de estabilización macroeconómica están dirigidos a tres pilares fundamentales, los cuales son las variables fiscales, monetarias y cambiarias. Sobre estas bases se pretende trabajar y afinar la dirección de una corrección de la macroeconomía. Sin duda, los principales problemas a nivel de estructura, en este sentido, que presenta el país se encuentran anclados en estas variables. Cuba enfrenta problemas a nivel inflacionario, problemas fiscales y problemas de tipo de cambio, que son fenómenos de distorsión constante en el proceso tanto productivo como administrativo.

En cuanto a las medidas a tomar por parte de las autoridades, se encuentra una estructuración definida que, según el programa, está basada en la reducción del déficit fiscal del país, la estabilización del sistema financiero, el control de la política monetaria-cambiaria y la bancarización.

El objetivo de reducción del déficit fiscal es un objetivo plenamente acertado que, durante años, ha estado fuera de la palestra pública y fuera del debate económico cubano, puesto que jamás se ha reconocido plenamente el carácter perjudicial y distorsionado de los déficits públicos. El déficit fiscal, que no es más que el diferencial negativo entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado (cuando el Estado gasta más de lo que ingresa), ha sido, de manera histórica, una retorcida y equivocada propuesta de teoría económica defendida por las corrientes chartalistas y neochartalistas, o por la llamada teoría monetaria moderna. Estas corrientes alegan que la economía está siempre y en todo lugar impulsada por el crecimiento frenético del gasto público y el déficit fiscal, puesto que el endeudamiento denominado en la propia moneda emitida por los gobiernos no es perjudicial ni inflacionario. Grosso modo, esta amalgama teórica, ligada fuertemente a teorías keynesianas, ha sido adoptada por muchos países a lo largo de la historia, como es el caso de Argentina, y Cuba no ha sido la excepción. Cuba ha presentado presupuestos altamente deficitarios de manera sistemática; en el año 2020, se llegó a reportar un déficit fiscal del 17,7 % del PIB, siendo en ese momento el segundo déficit fiscal más grande del mundo, solo superado por un país en guerra como Ucrania.

Este déficit fiscal altísimo manejado por Cuba en los últimos años es un fenómeno altamente distorsionador que debe ser tratado evidentemente, como anuncian las autoridades cubanas, aunque de manera tardía. Puesto que la financiación de este diferencial entre lo que se ingresa y lo que se gasta solo puede obtenerse fundamentalmente de dos formas: una sería emitiendo deuda pública en los mercados internacionales, mecanismo que Cuba no tiene la capacidad de ejecutar, o, por otro lado, monetizando el déficit, es decir, imprimiendo dinero del banco central y aumentando con esto la masa monetaria. Esto es lo que ha estado ocurriendo y es uno de los fenómenos centrales de la deformada estructura monetaria del país.

En el programa de gobierno se presentan una serie de puntos para reducir este déficit. Estas medidas proponen un ajuste macroeconómico que lleve el déficit al entorno del 6 %, un número que, si bien es mejor que los niveles manejados, seguiría siendo un déficit fiscal alto. Ahora bien, la reducción está en gran medida ejecutada mediante un ajuste por el lado del gasto público. Este se ve dirigido al recorte de gratuidades y a la eliminación o reforma de subsidios, sobre todo de las transferencias realizadas al sector presupuestado. Es decir, la dirección de los recortes del gasto estaría enfocada en los servicios de asistencia social; esto se entrelaza bien con los primeros objetivos esbozados en el programa.

Si bien Cuba necesita, como maniobra macroeconómica obligatoria, la disminución del déficit, este se podría realizar idealmente por el lado del aumento de ingresos por parte del Estado, lo cual analizaremos próximamente. Ahora bien, la reducción del gasto público es necesaria de igual manera. Lo que nos tendrían que explicar es por qué los recortes del gasto están dirigidos no solo a las partidas del gasto más sensibles a nivel social, sino también hacia aquellas en las que menos se concentra el peso principal del gasto total del presupuesto del Estado. De hecho, si analizamos cómo se comportan estas partidas que tienen que ver con la asistencia social en el sistema estatal presupuestado, nos percatamos de que, precisamente, ha sido el hundimiento del gasto social de manera progresiva la pieza a utilizar en la búsqueda de la llamada estabilización macroeconómica. Por ejemplo, el gasto como porcentaje del PIB en salud pública y asistencia social cae del 14,4 % en el año 2021 hasta el 5,1 % en el año 2024, una caída del 5,4 % en los últimos tres años. En las partidas de gasto en educación, la caída en ese mismo periodo es del 9,4 % al 4,3 % y, en el apartado de seguridad social, la caída va del 6 % al 3,9 %. Todo esto según los datos oficiales extraídos de la ONEI.

Es decir, que atendiendo a esto, estamos hablando de un “sistema de bienestar social” que, precisamente, lo primero que se sacrifica cuando hay que cuadrar las cuentas es dicho bienestar social. Lo que resulta alarmante es que, en la cometida, sin dudas necesaria, de reducir los gastos gubernamentales, no se contemple reducir estos gastos en partidas que son muy superiores a las anteriormente mencionadas. Estamos hablando, por ejemplo, de los gastos en administración pública y los gastos en seguridad nacional, de los cuales se tiene registro hasta el año 2023 y, por alguna razón, se dejaron de publicar. Ya para esa fecha, era sorprendentemente alarmante la variación creciente de estos gastos destinados a dichas partidas, y más si lo comparamos con las partidas presupuestarias ya mencionadas.

La falta de intención de tocar toda la masa de gasto excesivo en diversas partidas del gasto del Estado cubano, donde, como uno de los ejemplos, establecimos la anteriormente mencionada, nos hace pensar que la capacidad de reducción del déficit vía gasto es bastante limitada. Esto se debe a que, por el lado de los servicios sociales y subsidios, ya se han agotado casi todos los ajustes, hasta llegar al punto de destinar ínfimas cantidades de transferencias a dichos sectores. Por otro lado, las consecuencias de empobrecimiento y falta de asistencia se reflejan y extrapolan de los números a la vida real del día a día.

Resulta bastante interesante, por otra parte, preguntarnos a nivel de teoría económica qué implicaciones tiene la reducción del gasto público sobre la economía, en este caso, sobre la economía cubana. El nivel de gasto dentro de una economía, ya sea gasto en consumo o gasto en inversión, es un indicador fundamental de la salud económica de un país. Una contracción del gasto agregado es la antesala a un problema serio de crecimiento económico. Es por esto que, en un programa de ajuste macroeconómico, es necesario generar las condiciones simultáneas para que la contracción del gasto público sea sustituida por un aumento del gasto privado, tanto endógeno como exógeno. Es decir, que la actividad económica privada de las empresas dentro de la isla sustituya toda esa destrucción de gasto público o que las empresas extranjeras realicen inversiones dentro de la isla que generen la sustitución pertinente a todo el capital público dejado de destinar al gasto agregado interno.

Nada de esto parece estar en la cabeza ni en el plan redactado por las autoridades económicas cubanas. Se pretende realizar una contracción del gasto agregado sin, a la vez, generar condiciones para que este pueda ser sustituido por gasto privado, ya sea desde dentro o desde fuera del país. El ajuste presupuestario debería ir acompañado de profundas desregulaciones en el sector privado que permitan su expansión, y, a la vez, generar un entorno competitivo que atraiga el flujo de inversión extranjera. En la siguiente gráfica veremos cómo es el gasto estatal, el segundo mayor factor de la demanda global interna del país:

Por el lado de los ingresos por parte del Estado, se pone el foco en el plan económico publicado en el aumento de la recaudación tributaria, y se propone que se pueda aumentar esta mediante un mayor control y simplificación del modelo impositivo. Algunas de estas medidas proponen aumentar el control y la masa de flujo impositivo mediante el uso de las pasarelas digitales de pago para, por ejemplo, aplicar las retenciones pertinentes del impuesto sobre ventas o servicios en el momento de la realización de los pagos en línea.

Que la propuesta de ingresos del Estado cubano por medio de la recaudación no esté acompañada por datos que muestren un desarrollo expansivo de la actividad económica privada para los próximos años resulta altamente desalentador, puesto que se parte de una premisa en la que creen que en el cúmulo total de evasión de impuestos y cargas tributarias se encuentran los ingresos pertinentes para cuadrar las cuentas del Estado. Tampoco se realiza un plan de flexibilidad para provocar que los actores económicos se vean atraídos a trasladarse desde el sector de la informalidad hacia la formalidad y, con esto, se incluyan en el sistema tributario. Al contrario de todo esto, los datos que sí manejamos aquí y que refutan los pronósticos oficiales de aumentos en la recaudación pública son los datos de la destrucción progresiva de la cantidad de mipymes. Estamos hablando de que, entre septiembre y diciembre del año pasado, 2024, la reducción de la cantidad de mipymes es de un 2,35 % en términos generales, existiendo contracciones en algunas provincias que llegaron a ser del 6 %. Todo esto en datos recogidos del último trimestre del año pasado. Estos datos parecen ser pasados por alto en el análisis macro realizado por las autoridades económicas cubanas y presentan un panorama bastante contrapuesto con el objetivo de un aumento recaudador a medio plazo que llegue a los 384 mil millones de dólares.

Pretender alcanzar niveles de recaudación impositiva ante un decrecimiento de la cantidad de actores privados existentes solo puede ser mediante la asfixia de los agentes económicos privados que, de una forma u otra, han logrado sortear el cúmulo de impedimentos de una economía bastante cerrada. El incremento de impuestos tiene, como indica el profesor Juan Ramón Rallo en su libro “Control de la teoría monetaria moderna”, un impacto altamente perjudicial en el crecimiento de la economía de un país. Entre otras cosas, genera una fuga masiva desde la formalidad a la informalidad económica, creando mercados negros que buscan evadir las tarifas crecientes del Estado contra sus capitales.

En el programa de gobierno, siguiendo con su primera parte destinada a la estabilización macroeconómica, se toca el plan para la reducción gradual de la inflación. Lo primero que llama la atención es que no vinculan la necesidad de disminuir el déficit fiscal con las acciones destinadas a reducir la inflación. Si bien ambas forman parte del supuesto plan de estabilización, estas dos necesidades se trazan como temas independientes y no se relaciona la necesidad de reducir el déficit fiscal con su impacto en la inflación futura del país, puesto que es precisamente el incremento progresivo del déficit fiscal aprobado año tras año en los presupuestos del Estado lo que ha generado la ola inflacionista que ha evaporado el poder adquisitivo de los ciudadanos. En contra de la explicación rigurosa del fenómeno inflacionario, las autoridades cubanas enfocan la lucha contra la inflación en el nuevo programa de gobierno, centrándose en un plan única y exclusivamente destinado al ya más que refutado tope de precios.

Un mar de políticas de tope y nuevas fijaciones de precios, que va desde el aumento de la vigilancia del cumplimiento de los topes de precios ya existentes hasta el avance e inclusión de nuevos productos que serán topados eventualmente, este tipo de políticas ni siquiera debería ser motivo de debate. El fracaso histórico de estas ha sido estudiado desde el contexto del Imperio Romano hasta nuestra actualidad, y sus evidentes perjuicios y distorsiones en el sistema de precios generan siempre y en todo lugar las mismas consecuencias, entre ellas la de agravar aún más el fenómeno que buscan erradicar. El tope de precios deriva siempre en escasez, y esta a su vez genera que los productos solo se puedan encontrar en un mercado informal, que no solo encarece su precio al aumentar el riesgo de estos agentes actuando fuera de la ley, sino que también genera precisamente estos mercados paralelos que escapan al intento del gobierno de aumentar la recaudación fiscal. Este ejemplo es perfecto para darnos cuenta de cómo la interrelación de todo el engranaje económico es inevitable, y este programa que analizamos ignora esto, entre otras cosas, y pretende generar directrices divorciadas en cada uno de los frentes.

El documento, por otra parte, toca de manera bastante vaga el llamado programa de dolarización parcial de la economía. En este se ofrecen vagamente algunos de los objetivos puestos en marcha:

No se explican cuáles son los indicadores de medición que muestran la evolución de dicho proceso, y se centra en establecer mediciones que permitan corregir desviaciones. La llamada dolarización parcial de la economía es una estrategia que merece ser explicada en detalle, pues esta es la causante de un alto nivel de desigualdades dentro de la sociedad cubana; unas desigualdades que no son fruto del proceso de mercado, sino un tipo de desigualdad mucho más grave, pues resultan de las decisiones arbitrarias de los burócratas que la llevan a cabo. Esta se establece en sectores “estratégicos”, y nos gustaría saber qué condiciones debe cumplir un sector para ser denominado estratégico, bajo qué premisas se realizan estas evaluaciones y qué impactos positivos se prevén a nivel cuantitativo.

Por otro lado, la creciente profundización de la dolarización económica de Cuba es un fenómeno agravante y contraproducente en el plan de reducción inflacionaria. La evaluación simplista de cómo abordar el problema inflacionario, que solo está basada en una política errada de control de precios, no nos permite observar cómo políticas como la dolarización parcial de la economía profundizan el problema de pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar, y que posteriormente se ve reflejado en una pérdida de poder adquisitivo frente a los bienes y servicios que adquieren los agentes económicos. El aumento de la cantidad de bienes expresados en dólares genera un aumento discrecional de la demanda de dólares y, a la vez, una caída de la demanda de pesos ante la disminución de la oferta expresada en dicha unidad monetaria. Este fenómeno se puede ver reflejado en la brecha cambiaria inmensa existente en el mercado informal de divisas en Cuba, la cual se ha visto incrementada en los últimos meses y se refleja sistemáticamente en los aumentos, en primer lugar, de precios mayoristas, y posteriormente en el incremento de los precios minoristas.

Los objetivos de inflación según el programa son un 14 % de crecimiento del índice de precios al consumidor. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta que los números de inflación ideales según los bancos centrales más imponentes del mundo (Reserva Federal y Banco Central Europeo) estarían en torno al 2 % y el 3 %. Las metas anunciadas sobre el valor que se pretende alcanzar en el IPC, más allá de seguir siendo altas, también presentan una cuestionable credibilidad a la hora de ser alcanzadas y mantenidas, debido, precisamente, a las malas y cuestionables propuestas que ya hemos expuesto, donde se incluye una dolarización de la economía bastante problemática y mal definida 

En cuanto al tema cambiario, la dirección expuesta no queda para nada clara. Presenta una simplicidad preocupante la exposición de esta en un supuesto programa detallado que pretende ser la solución a los desequilibrios económicos del país. Uno de los problemas más profundos, como lo es el mercado de cambio de divisas, queda huérfano de un plan, al menos público, para su redirección.

Queda totalmente sin explicar qué cambios existirán en la política cambiaria del país, o por lo menos cuáles se barajan en función de la búsqueda de soluciones. No se expresa si se sustituirá el modelo de tipo de cambio fijo por un modelo de tipo de cambio flotante, ya mencionado de manera fugaz, ni las premisas sobre las cuales estaría sujeta dicha política de cambio flotante eventual. En fin, este tema se toca de manera totalmente simplificada y sin contenido real alentador. Ni siquiera en lo referente a las metas se expresan datos cuantitativos que marquen un punto deseado, y de manera muy ramplona expresan que esperan entradas de divisas por operaciones cambiarias superiores a las obtenidas en el año 2024.

Para no dilatar más este análisis, podemos resumir la primera parte del programa de gobierno “PARA CORREGIR DISTORSIONES Y REIMPULSAR LA ECONOMÍA”, referente al plan de estabilización macroeconómica, como un panfleto. Como ya analizó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal, se confunde planificación con acumulación de metas, en donde, como este mismo asevera de manera acertada, se muestra una ausencia de variables macroeconómicas básicas como la tasa de crecimiento esperada del PIB, los flujos presentes y futuros esperados de inversión, y los niveles actuales y esperados de reservas internacionales.

El plan de estabilización, que pretende ser la tabla de salvación a los desajustes macroeconómicos del país, presenta deficiencias en su plan para controlar la inflación, intentando atacar sus causas y no sus consecuencias de fondo. Presenta deficiencias reales a la hora de abordar el cuadre de las cuentas del país, no contando con un plan de reducción del gasto verdaderamente significativo y dejando caer este sobre los sectores más sensibles para la ciudadanía. No prevé los impactos de la reducción del gasto y la demanda agregada sobre el crecimiento económico, no presenta un claro y creíble plan para aumentar los ingresos del Estado, y no aborda temas de gran importancia, como el plan de dolarización parcial de la economía y el futuro de la política cambiaria, con la profundidad y el rigor necesarios, haciéndonos pensar que no existe un plan claro en cuanto a este sentido se refiere.

En términos generales, el plan de estabilización macroeconómica se hace aguas por todas partes y no resulta, ni mucho menos, creíble muchas de las metas propuestas. Entre las cosas positivas, podemos resaltar el reconocimiento público de la necesaria reducción del déficit fiscal, aún sin engranar esta reducción con el plan antiinflacionario del país. Por lo demás, es un programa lleno de errores teóricos, dispersión, estructura desenlazada y falta de engranaje entre los distintos frentes abordados.